Canarias establece nuevas condiciones para 3,6 millones en ayudas al sector primario
El Gobierno de Canarias ha ajustado el régimen de las ayudas destinadas al sector primario, fijando un tope por beneficiario y un incentivo adicional para las islas no capitalinas, sumando un total de 3,6 millones de euros.

El Gobierno de Canarias ha modificado la gestión de las subvenciones dirigidas al sector primario de la región, implementando el régimen de *minimis* para un paquete de ayudas valorado en 3,6 millones de euros. Esta adaptación busca estandarizar la distribución de los fondos y establecer criterios claros para su asignación.
La principal novedad de esta adaptación radica en la imposición de un límite de 50.000 euros por beneficiario. El régimen de *minimis*, normado por la Unión Europea, permite a los estados miembros conceder pequeñas ayudas a empresas sin necesidad de notificación previa a la Comisión Europea, siempre que no superen ciertos umbrales en un periodo de tres ejercicios fiscales, evitando así distorsiones en la competencia.
Adicionalmente, el nuevo marco contempla un incremento del 16% en la cuantía de las ayudas para los beneficiarios ubicados en las islas no capitalinas. Esta medida busca compensar las particularidades geográficas y económicas que pueden enfrentar los productores en territorios con menor población y, a menudo, mayores costes logísticos o de acceso a mercados.
La modificación del régimen de estas ayudas se enmarca en un esfuerzo por garantizar una distribución más equitativa y transparente de los recursos. Al establecer topes claros y diferenciar por ubicación geográfica, se pretende que los fondos lleguen a un mayor número de operadores del sector primario, fortaleciendo la base productiva de las islas.
Este ajuste en las condiciones de financiación es relevante para sectores clave como la agricultura, la ganadería y la pesca en Canarias, que constituyen pilares económicos en el archipiélago. La implementación del régimen de *minimis* asegura que las subvenciones se alineen con la normativa comunitaria, facilitando su gestión y justificación ante las autoridades pertinentes.
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