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Interior agilizará expulsiones de solicitantes de asilo violentos en Ceuta sin filtro ACNUR

El Gobierno español impulsa un real decreto-ley para expulsar a solicitantes de asilo considerados violentos en Ceuta, eliminando el examen previo de ACNUR.

Redacción Frente Común

El Gobierno español, a través de un borrador de real decreto-ley, ha anunciado una modificación significativa en la gestión de las solicitudes de asilo en Ceuta. La propuesta otorga al Ministerio del Interior la potestad de expulsar directamente a aquellos solicitantes considerados violentos, suprimiendo un paso fundamental en el proceso actual.

La medida elimina el examen previo que realizaba la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), un organismo cuya función es velar por el cumplimiento de los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados conforme a la legislación internacional. Hasta ahora, el informe de ACNUR servía como un filtro esencial para garantizar la protección de estas personas antes de cualquier decisión de expulsión.

La justificación para esta reforma se centra en la capacidad de devolver a solicitantes de asilo que sean calificados como violentos, una categoría cuyo criterio de definición no se ha detallado en la información disponible. La aplicación específica en Ceuta subraya la particular situación migratoria y fronteriza de esta ciudad autónoma.

Esta medida representa un endurecimiento en la política de asilo y podría generar interrogantes sobre las garantías procesales y los derechos de los solicitantes. La eliminación de la supervisión de ACNUR, aunque no anula otras vías de recurso, reduce una capa de protección y escrutinio independiente en las decisiones de expulsión.

La Convención de Ginebra de 1951, pilar del derecho internacional de asilo, establece principios de no devolución y protección para quienes huyen de persecución. Aunque la legislación permite excepciones en casos de seguridad nacional o criminalidad grave, la supresión de un filtro independiente como el de ACNUR podría ser objeto de análisis por parte de organizaciones de derechos humanos y juristas.